diciembre 13, 2006

Despenalización sí, pero a media…: Sabines

Isaín Mandujano

Este miércoles 13 de diciembre el gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero firmó la iniciativa para un nuevo Código Penal del Estado en el que, entre otras cuestiones, propone que las demandas por difamación y calumnia contra periodistas no procederán, pero seguirá vigente la sanción de cárcel hasta nueve años para quienes no se dediquen al ejercicio periodístico.

Esta visión parcial legislativa demostrada por Sabines Guerrero no responde a la demanda que se ha manifestado no solamente en Chiapas o en México sino en el ámbito internacional donde se ha establecido que debe erradicarse todo vestigio de las leyes que atente contra la libertad de expresión, uno de estos tipos penales son la difamación, la calumnia y en algunos caso la injuria.
La libertad de expresión es un derecho universal, por ende no es un derecho exclusivo para medios y periodistas. La tendencia internacional del derecho apunta hacia la eliminación de todos los obstáculos legales que siguen vigentes en los marcos jurídicos que rigen a una sociedad.
Lineamientos internacionales en materia de derechos humanos emitidos por la ONU y la OEA ha determinado que criminalizar las críticas y cuestionamientos a los hombres del poder público, económico y político, disfrazado de demandas penales como la difamación son situaciones que atentan contra la libertad de expresión.
No debemos agradecerle este gesto a Sabines Guerrero, porque es lo menos que debe hacer alguien que como diputado local aprobó esta iniciativa el martes 17 de febrero en el seno del Congreso del Estado de penalizar hasta con nueve años la difamación y la calumnia. El desagravio debería ser total y no parcial.
Esta ley es desde el punto de vista jurídico parcial porque protege a un sector de la sociedad como lo es el gremio periodístico y deja desprotegido a otros como los líderes de organizaciones sociales, campesinas, políticas, partidistas que ejercen la crítica al poder público como un derecho a expresar y escrutar públicamente a sus gobernantes.
Esta propuesta de reforma si bien puede pasar en el Congreso del Estado con la aprobación de los diputados locales, es frágil de origen, pues cualquiera que se inconforme con esta iniciativa a través de un recurso jurídico interpuesto ante los tribunales puede echarla abajo pues no se puede hacer leyes sectorizadas.
Sabines Guerrero y sus asesores evaden por completo la exigencia de organismos internacionales de derechos humanos de despenalizar por completo la difamación y la calumnia.
Podría llegar a pensarse que sin duda eso busca el gobernador, dar la apariencia que tiene la voluntad de despenalizar exclusivamente cuando del demandado se trate de un periodista pero a la primera que un tercero en discordia la eche abajo se lave la manos diciendo que hizo lo que estaba de su parte y no puede hacer más.
En el Distrito Federal la Asamblea Legislativa despenalizó la difamación y la calumnia y consagró la protección del derecho al honor por la vía civil; en el ámbito federal, en las próximas semanas o meses está por aprobarse en el Senado la despenalización del Código Penal Federal. ¿En Chiapas porqué no es posible eso?
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AGREGO COMENTARIO DE SUSANA SOLÍS A ESTA MI MODESTA OPINIÓN.





Bien dice nuestro compañero Isaín Mandujano, sin duda uno de los periodistas mejor informados e involucrados en el tema de la libertad de expresión.
Cito: “La libertad de expresión es un derecho universal, por ende no es un derecho exclusivo para medios y periodistas. La tendencia internacional del derecho apunta hacia la eliminación de todos los obstáculos legales que siguen vigentes en los marcos jurídicos que rigen a una sociedad.
Nadie duda de la voluntad política del Gobernador Juan Sabines Guerrero para hacer justicia en este tema.

El problema: demasiada influencia de voces del pasado que retuercen las leyes para hacer una norma a modo de complacencia, pero sin ajustarse a las recomendaciones en materia de derechos humanos que han emitido la ONU y la OEA.

Es decir, Chiapas con esa ley no se coloca a la vanguardia, no se hace justicia plena, no se ajusta a las normas internacionales, en suma, no se hace historia.
De tal forma, este recule quedo corto, insuficiente.

¿Pero de donde surgió tanto escozor del poder por lo que se dice en los medios chiapanecos?

La respuesta obliga a una reflexión profunda que tiene sus propias razones:

1.- Medios locales de comunicación tradicionalmente subordinados económicamente por el poder pero que al prescindir de ello, se convirtieron en denostadores implacables donde permeo más el ánimo vengativo que la crítica objetiva.

2.- El poder actuando de igual modo, encarcelando, reprimiendo, con el mismo ánimo.
“ No me importa lo que dicen, no los leo”, se aseguraba; pero ¿quién sabe? porque les dolía tanto lo que no leían que hasta a los parientes encarcelaron.

3.- Un marcado desprecio por la prensa local que se reflejó en la selectividad publicitaria de acuerdo al comportamiento informativo. (ups¡, ¿ha cambiado algo?)

4.- Una prensa vista como escoria, cuyo único fin es el chayote.

O como lo dijo un compañero “el chayote es la consecuencia del actuar de unos abusivos propietarios que prefieren que sus empleados “peinen” a pagarles un buen sueldo”.

5.- Unos compañeros –hay que reconocerlo- se pasaron con sus comentarios, obviando lo obvio: el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde la libertad de expresión marca sus propios límites.

Si los gobernantes supieran leer, escuchar o ver en los medios de comunicación, comprenderían que estos son los mejores aliados para alcanzar la verdadera democracia.

Leyendo, escuchando o viendo se enterarían de la realidad para cambiar el rumbo, modificar estrategias, en suma, ver lo que dicen y lo que quiere el pueblo.

Los medios podrán fingir en base a sus intereses económicos lo que los gobernantes quieren leer, pero adentro, en alguna parte del cúmulo de hojas, encontrarán la verdad.

Los medios, aún comprados con publicidad, no serán jamás los subordinados que susurran alabanzas al oído.

No, ahí, entre líneas, siempre habrá alguien, alguna pluma, quizá a un lado de una esquela, que dirá la verdad.

Esa piel delgada de los gobernantes deben equipararla con el tímpano.

Para que aprendan a escuchar al pueblo cuyas inconformidades la expresarán en marchas, plantones, manifestaciones, o violentamente, pero que invariablemente, lo harán a través de los medios de comunicación.

Por eso, en los gobiernos democráticos del mundo, la libertad de expresión es de los derechos más importantes.

Quizá en Chiapas, se pueda hacer historia.

Quizá.

Susana Solis

diciembre 12, 2006

INFORMACIÓN PÚBLICA O MONUMENTO AL OSCURANTISMO

ISAÍN MANDUJANO

La información pública generada en los diferentes órganos de gobiernos es pública-válgase la redundancia- en toda la dimensión de la palabra, por ende ésta pertenece a la sociedad.

Para generar dicha información, documentación contenida en material impreso o electrónico, los servidores públicos en funciones requirieron de recursos públicos que no recursos particulares. Es decir, se creó con dinero producto de los impuestos que pagan los ciudadanos no con dinero del bolsillo de los servidores públicos.

Estas líneas vienen a raíz de lo que pasó en el marco del traspaso de gobierno de Pablo Salazar a Juan Sabines Guerrero. Muchas páginas electrónicas que se crearon en el sexenio pasado amanecieron el día viernes 8 de diciembre vacías. Boletines, ligas, directorios, informes, documentos y otros materiales fueron eliminados de forma arbitraria.

En una actitud que ha demostrado la magna ignorancia del ejercicio del servicio público, los funcionarios del gobierno de Salazar limpiaron todo lo que pudieron a su pasó en un afán de no dejar huella de lo que fue esa gestión, independientemente de sus aciertos o desaciertos.

Sin duda alguna, pretendieron demostrar así el fin de un gobierno y el principio de otro. Sin embargo, exhibieron su más alto grado de miopía. Pues en toda sociedad que se diga democrática, acciones como éstas deberían ser sancionadas.

Al eliminar información pública al alcance de la mano de la sociedad le quitan a los gobernados la posibilidad y capacidad de hacer un análisis o evaluación de lo que fue una gestión que ha fenecido.

Eliminar información de las páginas electrónicas es lo mismo que hacían antaño o hacen todavía algunos servidores públicos, alcalde, gobernadores o presidentes, cuando al amanecer del último día de su gobierno cargaban las cajas de documentos que se generaron en el ejercicio de sus funciones para llevarlos a su casa.

Insisto, es información -no propiedad del funcionario que administraba esa oficina publica cuando se generaron los documentos- que pertenece a los ciudadanos, a los gobernados, a esa sociedad en su conjunto.

Eso, a todas luces un robo, sustracción de documentos oficiales. Un delito que esta tipificado en la Ley de Servidores Públicos. Un delito que debería empezar por un acta administrativa en la Contraloría General del Estado y una averiguación previa en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Quienes hayan hecho tal acción deberían ser sancionadas incluso para no volver a ejercer el servicio público y reparar el daño ocasionado a la sociedad en general.

Mutilar al ciudadano de información básica que le permita escrutar una gestión gubernamental es coartarle su derecho a estar informado y por ende su derecho a expresarse libremente.

Estas situaciones vulneran uno de los derechos más elementales del individuo en el mundo, consagrados en distintos documentos internacionales que delinean lo que debería ser y hacerse en materia de políticas públicas sobre protección, defensa y promoción del respeto a los derechos humanos.

Lo que ha ocurrido en Chiapas en un monumento al oscurantismo. Lo que los servidores públicos del gobierno de Salazar exhibieron fue su visión “liliputense” del ejercicio del servicio público.

Eliminar información pública de las páginas electrónicas gubernamentales es lo mismo que quemar el palacio de justicia de Oaxaca con cientos de expedientes de casos en proceso o archivados.

Si al eliminar información pública de las paginas electrónicas del gobierno pretendieron demostrar el fin de un gobierno y el principio de otro, lo que demostraron quienes dieron esa orden es su visión arcaica de los nuevos tiempos. Debieron haber ejercicio el servicio público no en estos tiempos sino en el pasado que defenestramos y al que no debemos nunca más volver.

Cuando se ha actuado así, con esa barbarie ¿qué se puede pensar de un gobierno que se jactó de premios y reconocimientos con su mal llevada y mal traída transparencia?. Aunque muchos de esos premios y reconocimientos fueran premios comprados o premios patito.
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