Frustra el PRI primer intento por aprobar la Iniciativa de PSM
ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 06 de septiembre (apro).- Diputados locales del PRD y del PAN en el Congreso del Estado fracasaron hoy en su intento por aprobar la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública que les envió el gobernador Pablo Salazar luego de que 14 legisladores priístas rechazaran el dictamen y se negaran a asistir a la sesión extraordinaria prevista para este miércoles.
Primero, los 14 diputados locales del PRI dieron una conferencia de prensa donde argumentaron que tras el pasado proceso electoral plagado de irregularidades ha quedado en evidencia la nula autonomía de la cual carecen los órganos electorales en Chiapas, por eso aprobar esa iniciativa es dar pie a que se cree otro organismo más supeditado al poder ejecutivo.
Es decir, los diputados locales encabezados por el legislador Roberto Ortiz cuestionaron que dentro de la iniciativa que les envió Salazar se prevé la creación de un organismo garante del acceso ala información pública gubernamental y que no habría problema alguno sino fuera porque quien designa a los tres consejeros de forma unilateral es el gobernador del estado.
Dijo el diputado priísta que el gobernador Pablo Salazar pretende controlar la información pública aun cuando haya dejado el cargo de mandatario de Chiapas, pues desea “nombrar consejeros a modo” para que no se ventilen las posibles irregularidades que se han registrado en su administración.
La iniciativa de Salazar que lleva el nombre de Ley que Garantiza el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas prevé la creación del “Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal” (sic) y en su artículo 61establece que éste estará integrado por tres consejeros, uno de los cuales tendrá el carácter de Consejero General, quién llevará la representación legal del Instituto.
Pero, dice el mismo artículo que “los consejeros, durarán en el ejercicio de su cargo siete años y elegirán por orden alfabético a quien ocupará el cargo de Consejero General para un período de dos años. Los consejeros serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado”.
El diputado Ortiz dijo que no le aprobaran esta y otras iniciativas a Salazar "en tanto no se restablezca la legalidad en Chiapas", sobre todo después del proceso electoral donde salió electo el candidato de la Coalición
El diputado priísta Mariano Díaz Ochoa que es lamentable que esta iniciativa se les pretendió incluir dentro de un paquete de buenas leyes que hacen falta en Chiapas.
Y es que, además de la iniciativa de Ley de Acceso a la información pública, los diputados pretendían aprobar la Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley que fija las Bases para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos; Iniciativa de Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Menores; Iniciativa de Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas; así como el nombramiento de un magistrado de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Antes de entrar al periodo de recesos legislativo que concluye hasta el mes de noviembre, los diputados locales del PRD, PAN y PT pretendía aprobar dicha iniciativa dentro de una sesión extraordinaria, pero ante la ausencia de los legisladores del PRI no se llevó a cabo.
Tan pronto, como se suspendió la sesión extraordinaria el Secretario de Gobierno, Roger Grajales González acusó que la ausencia de los diputados del PRI para aprobar las siete iniciativas previstas forma “parte de la estrategia poselectoral partidista”, luego de que su candidato a gobernador José Antonio Aguilar Bodegas perdiera la contienda del pasado 20 de agosto.
“Es lamentable que los legisladores priístas prioricen sus intereses de partido por encima de los del interés colectivo, de los ciudadanos y del desarrollo de la entidad. Prefieren actuar como militantes de un partido y faltar a su compromiso y obligaciones como integrantes de la soberanía popular”, dijo Grajales.
Y agregó que el gobierno de Chiapas rechaza “el chantaje como una medida propagandística” y que de parte del Ejecutivo estatal no hay ni amenazas ni chantajes.
De igual forma los diputados del PRD, Rafael Guillén, del PT Arturo Velasco y del PVEM, Flor Coello, acusaron a sus compañeros legisladores de “boicotear” la sesión extraordinaria de este miércoles.
Comparada, con la hasta hoy mejor iniciativa de Chihuahua, la propuesta por Salazar revela que si bien en aquel estado del norte del país, el Instituto de Transparencia tiene rango de órgano constitucional autónomo, en Chiapas no solo no le da este rango al órgano que resuelve controversias, sino que ni siquiera le da atribuciones para sancionar a servidores públicos.
Allá, los consejeros en Chihuahua son nombrados por el Congreso con el voto de dos terceras partes de la legislatura, en Chiapas son nombrados por el Gobernador sin ningún tipo de contrapeso.
En Chihuahua impera el principio de máxima publicidad, donde toda la información es publica como norma y, además, la definición de los sujetos obligados por la Ley es lo mas amplia posible, incluyendo al Poder Judicial y a los partidos políticos. En Chiapas no están incluidos los partidos, pero tampoco se fuerza a los supuestos sujetos obligados a documentar todos los actos de autoridad.
Para obtener un documento en Chihuahua no hace falta mas que pedirlo y el solicitante no esta obligado a dar ni su nombre. En Chiapas hay que presentar identificación oficial y firma o poner la huella digital en la solicitud.
La ley de Chihuahua prevé canales de facil acceso a la información, entre otros, un sistema de solicitudes electrónicas similar al que existe al nivel federal. A la iniciativa de Chiapas le pasa por alto el tema.
El Instituto de Chihuahua trabaja para sistematizar sus archivos de tal forma que cualquier documento este listo para ser entregado. La iniciativa de Chiapas ignora la necesidad organizar sus archivos.
Para el Coordinador del Programa de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, la iniciativa de Salazar “tiene como propósito asegurar el control de Salazar sobre el acceso a la información del gobierno de Chiapas una vez que haya dejado su cargo. Existen elementos que permiten sustentar esta afirmación”
Refiere que en la iniciativa de referencia se omite crear un órgano regulador independiente para todos los sujetos obligados, pues como se puede observar, “el gobernador propone que se le otorguen todas las facilidades para el nombramiento de sus consejeros, pero crea candados para dificultar la remoción de los mismos, lo cual no estaría mal siempre y cuando fueran nombrados, observando una serie de requisitos, con la participación central del Congreso del Estado”.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 06 de septiembre (apro).- Diputados locales del PRD y del PAN en el Congreso del Estado fracasaron hoy en su intento por aprobar la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública que les envió el gobernador Pablo Salazar luego de que 14 legisladores priístas rechazaran el dictamen y se negaran a asistir a la sesión extraordinaria prevista para este miércoles.
Primero, los 14 diputados locales del PRI dieron una conferencia de prensa donde argumentaron que tras el pasado proceso electoral plagado de irregularidades ha quedado en evidencia la nula autonomía de la cual carecen los órganos electorales en Chiapas, por eso aprobar esa iniciativa es dar pie a que se cree otro organismo más supeditado al poder ejecutivo.
Es decir, los diputados locales encabezados por el legislador Roberto Ortiz cuestionaron que dentro de la iniciativa que les envió Salazar se prevé la creación de un organismo garante del acceso ala información pública gubernamental y que no habría problema alguno sino fuera porque quien designa a los tres consejeros de forma unilateral es el gobernador del estado.
Dijo el diputado priísta que el gobernador Pablo Salazar pretende controlar la información pública aun cuando haya dejado el cargo de mandatario de Chiapas, pues desea “nombrar consejeros a modo” para que no se ventilen las posibles irregularidades que se han registrado en su administración.
La iniciativa de Salazar que lleva el nombre de Ley que Garantiza el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas prevé la creación del “Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal” (sic) y en su artículo 61establece que éste estará integrado por tres consejeros, uno de los cuales tendrá el carácter de Consejero General, quién llevará la representación legal del Instituto.
Pero, dice el mismo artículo que “los consejeros, durarán en el ejercicio de su cargo siete años y elegirán por orden alfabético a quien ocupará el cargo de Consejero General para un período de dos años. Los consejeros serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado”.
El diputado Ortiz dijo que no le aprobaran esta y otras iniciativas a Salazar "en tanto no se restablezca la legalidad en Chiapas", sobre todo después del proceso electoral donde salió electo el candidato de la Coalición
El diputado priísta Mariano Díaz Ochoa que es lamentable que esta iniciativa se les pretendió incluir dentro de un paquete de buenas leyes que hacen falta en Chiapas.
Y es que, además de la iniciativa de Ley de Acceso a la información pública, los diputados pretendían aprobar la Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley que fija las Bases para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos; Iniciativa de Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Menores; Iniciativa de Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas; así como el nombramiento de un magistrado de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Antes de entrar al periodo de recesos legislativo que concluye hasta el mes de noviembre, los diputados locales del PRD, PAN y PT pretendía aprobar dicha iniciativa dentro de una sesión extraordinaria, pero ante la ausencia de los legisladores del PRI no se llevó a cabo.
Tan pronto, como se suspendió la sesión extraordinaria el Secretario de Gobierno, Roger Grajales González acusó que la ausencia de los diputados del PRI para aprobar las siete iniciativas previstas forma “parte de la estrategia poselectoral partidista”, luego de que su candidato a gobernador José Antonio Aguilar Bodegas perdiera la contienda del pasado 20 de agosto.
“Es lamentable que los legisladores priístas prioricen sus intereses de partido por encima de los del interés colectivo, de los ciudadanos y del desarrollo de la entidad. Prefieren actuar como militantes de un partido y faltar a su compromiso y obligaciones como integrantes de la soberanía popular”, dijo Grajales.
Y agregó que el gobierno de Chiapas rechaza “el chantaje como una medida propagandística” y que de parte del Ejecutivo estatal no hay ni amenazas ni chantajes.
De igual forma los diputados del PRD, Rafael Guillén, del PT Arturo Velasco y del PVEM, Flor Coello, acusaron a sus compañeros legisladores de “boicotear” la sesión extraordinaria de este miércoles.
Comparada, con la hasta hoy mejor iniciativa de Chihuahua, la propuesta por Salazar revela que si bien en aquel estado del norte del país, el Instituto de Transparencia tiene rango de órgano constitucional autónomo, en Chiapas no solo no le da este rango al órgano que resuelve controversias, sino que ni siquiera le da atribuciones para sancionar a servidores públicos.
Allá, los consejeros en Chihuahua son nombrados por el Congreso con el voto de dos terceras partes de la legislatura, en Chiapas son nombrados por el Gobernador sin ningún tipo de contrapeso.
En Chihuahua impera el principio de máxima publicidad, donde toda la información es publica como norma y, además, la definición de los sujetos obligados por la Ley es lo mas amplia posible, incluyendo al Poder Judicial y a los partidos políticos. En Chiapas no están incluidos los partidos, pero tampoco se fuerza a los supuestos sujetos obligados a documentar todos los actos de autoridad.
Para obtener un documento en Chihuahua no hace falta mas que pedirlo y el solicitante no esta obligado a dar ni su nombre. En Chiapas hay que presentar identificación oficial y firma o poner la huella digital en la solicitud.
La ley de Chihuahua prevé canales de facil acceso a la información, entre otros, un sistema de solicitudes electrónicas similar al que existe al nivel federal. A la iniciativa de Chiapas le pasa por alto el tema.
El Instituto de Chihuahua trabaja para sistematizar sus archivos de tal forma que cualquier documento este listo para ser entregado. La iniciativa de Chiapas ignora la necesidad organizar sus archivos.
Para el Coordinador del Programa de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, la iniciativa de Salazar “tiene como propósito asegurar el control de Salazar sobre el acceso a la información del gobierno de Chiapas una vez que haya dejado su cargo. Existen elementos que permiten sustentar esta afirmación”
Refiere que en la iniciativa de referencia se omite crear un órgano regulador independiente para todos los sujetos obligados, pues como se puede observar, “el gobernador propone que se le otorguen todas las facilidades para el nombramiento de sus consejeros, pero crea candados para dificultar la remoción de los mismos, lo cual no estaría mal siempre y cuando fueran nombrados, observando una serie de requisitos, con la participación central del Congreso del Estado”.
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COMUNICADO DEL PRI
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 6 de septiembre de 2006.
Los diputados del PRI no aprobaran la Ley de Acceso a la
Información; Pablo Salazar intenta limitar su autonomía
*La fracción parlamentaria del PRI anunció que dejarán de asistir a las sesiones legislativas hasta que se restablezca la legalidad y el estado de Derecho en Chiapas.
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Chiapas anunciaron que no aprobará una Ley de Transparencia y el Derecho a la Información Publica enviada por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, porque el mandatario intenta limitarla y cancelar su autonomía al proponer que se le otorgue la facultad de nombrar a los consejeros que integrarán ese organismo.
En conferencia de prensa, los catorce diputados priístas coincidieron en que no serán cómplices de un gobierno que aún después de ser relevado pretende seguir cuidándose las espaldas, al tiempo de anunciar que dejarán de asistir a las sesiones legislativas hasta que se restablezca la legalidad y el estado de Derecho en Chiapas.
El coordinador de la bancada priísta, Roberto Ortiz Gutiérrez, descartó que está acción sea una medida de presión en contra de las instituciones del estado, y añadió que la propuesta del tricolor es diseñar una ley de transparencia que pueda ser sancionada por los ciudadanos y el Congreso del Estado.
“Estamos diciendo no a las propuestas que se aprobarían en el pleno extraordinario del congreso porque la iniciativa de la ley de transparencia otorga al Poder Ejecutivo del Estado la facultad de nombrar a los consejeros, nosotros proponemos un órgano autónomo y sancionado por el Congreso, que garanticé la imparcialidad del organismo y la transparencia en el manejo de la información”, detalló Ortiz Gutiérrez.
El legislador local concretó que se requiere de la asistencia de 27 diputados para iniciar la sesión legislativa y de la votación de 14 de ellos para validar una propuesta; en este caso, la legislatura está conformada por 40 diputados, por lo que no procederá la aprobación de la Ley que intenta imponer el gobernador Salazar Mendiguchía.
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COMUNICADO DEL CONGRESO DEL ESTADO
Dirección de Comunicación Social
Comunicado de Prensa No. 518
Septiembre 06 de 2006
Comunicado de Prensa No. 518
Septiembre 06 de 2006
Se cancela el periodo extraordinario
Inasistencia de diputados priístas impide al Congreso aprobar nuevas leyes
· Hacen un llamado a los legisladores del PRI a cumplir con el pueblo de Chiapas.
· Se discutirían las Iniciativas de Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública y Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescente.
Integrantes de la Junta de Coordinación Política a través de su Presidente, Rafael Guillén Domínguez, del PRD, manifestaron hoy su preocupación por la falta de responsabilidad legislativa de los diputados del PRI, quienes no asistieron al Periodo Extraordinario de Sesiones convocado para este día, previo acuerdo de todos los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios firmado el 29 de agosto pasado.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes los diputados Flor de María Coello Trejo, del PVEM; Arturo Velasco Martínez, del PT, y Edgar de León Gallegos, de Convergencia, se destacó que de común acuerdo, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios habían agendado los siguientes puntos para tratar en un periodo extraordinario: Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías; Iniciativa de Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley que fija las Bases para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos; Iniciativa de Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Menores; Iniciativa de Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas; así como el nombramiento de un magistrado de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Los legisladores destacaron de manera reiterada el hecho de que el acuerdo fue firmado por el legislador Roberto Ortiz Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, y que en las discusiones para aprobar los dictámenes —efectuadas en las comisiones legislativas— participaron diputados priístas, quienes aprobaron dichos documentos. Cabe señalar que a excepción de María Candelaria Molina Zepeda y Juan Antonio Castillejos, quienes en junio se declararon diputados priístas independientes, los otros 15 no acudieron a la sesión.
Guillén Domínguez lamentó que con la inasistencia de los legisladores del PRI y por intereses mezquinos y políticos manifiestos, no se podrá atender el mandato del Congreso de la Unión, en el sentido de aprobar la Iniciativa de Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Menores, cuyo plazo vence el próximo 12 de septiembre.
"Parece que la prioridad de los diputados del PRI es generar conflictos, por eso les hacemos un llamado respetuoso para que privilegien el quehacer parlamentario, que atiendan su responsabilidad y que dejen que la cuestión político electoral la diriman los partidos políticos", apuntó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
Por su parte, Arturo Velasco Martínez dijo que harán un llamado a la cordura de la mayoría de los diputados priístas, para agendar un nuevo periodo extraordinario de sesiones la próxima semana, lo importante consideró "es cumplirle a Chiapas con la Agenda Legislativa"
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COMUNICADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
06 de Septiembre de 2006
Boletín: 3071
Lamenta Gobierno del Estado que legisladores priistas antepongan intereses personales a las labores conferidas por el pueblo
Este miércoles, 6 de septiembre, la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional anunció su decisión de no presentarse ante las sesiones del Congreso del Estado como parte de la estrategia poselectoral partidista. Ante ello, el Gobierno de Chiapas expresa lo siguiente:
• Es lamentable que los legisladores priístas prioricen sus intereses de partido por encima de los del interés colectivo, de los ciudadanos y del desarrollo de la entidad. Prefieren actuar como militantes de un partido y faltar a su compromiso y obligaciones como integrantes de la soberanía popular.
• Los ciudadanos chiapanecos son los mejores testigos de que, en Chiapas, la vida social e institucional se desarrolla con plena normalidad. No hay violación al Estado de derecho en la entidad; por el contrario, es la disminuida Fracción Parlamentaria del PRI quien está vulnerando el funcionamiento del Poder Legislativo de Chiapas.
• El gobierno de Chiapas rechaza el chantaje como una medida propagandística. Hasta hoy, todas las acusaciones hacia la administración estatal sólo existen en la estrategia del PRI para mantenerse con presencia en los medios de comunicación. Del Ejecutivo estatal no hay ni amenazas ni chantajes. Los únicos actos concretos de presión hacia los órganos electorales que pueden documentarse existen en la actualidad son éstos que realiza la fracción del PRI.
La sociedad no está en la dinámica de quienes creen que podrán modificar con amagos, declaraciones y manipulaciones legaloides una decisión que ya tomó. A quienes participaron en una contienda con reglas establecidas en consenso y con el voto de ellos, les corresponde respetarlas. La sociedad votó, en un marco jurídico electoral de consenso y con instituciones electorales aprobadas por todas las fracciones parlamentarias. Los políticos están obligados a respetar la expresión de la sociedad y de los órganos electorales. Ni la sociedad ni las instituciones merecen el chantaje de nadie.
• Es lamentable que los legisladores priístas prioricen sus intereses de partido por encima de los del interés colectivo, de los ciudadanos y del desarrollo de la entidad. Prefieren actuar como militantes de un partido y faltar a su compromiso y obligaciones como integrantes de la soberanía popular.
• Los ciudadanos chiapanecos son los mejores testigos de que, en Chiapas, la vida social e institucional se desarrolla con plena normalidad. No hay violación al Estado de derecho en la entidad; por el contrario, es la disminuida Fracción Parlamentaria del PRI quien está vulnerando el funcionamiento del Poder Legislativo de Chiapas.
• El gobierno de Chiapas rechaza el chantaje como una medida propagandística. Hasta hoy, todas las acusaciones hacia la administración estatal sólo existen en la estrategia del PRI para mantenerse con presencia en los medios de comunicación. Del Ejecutivo estatal no hay ni amenazas ni chantajes. Los únicos actos concretos de presión hacia los órganos electorales que pueden documentarse existen en la actualidad son éstos que realiza la fracción del PRI.
La sociedad no está en la dinámica de quienes creen que podrán modificar con amagos, declaraciones y manipulaciones legaloides una decisión que ya tomó. A quienes participaron en una contienda con reglas establecidas en consenso y con el voto de ellos, les corresponde respetarlas. La sociedad votó, en un marco jurídico electoral de consenso y con instituciones electorales aprobadas por todas las fracciones parlamentarias. Los políticos están obligados a respetar la expresión de la sociedad y de los órganos electorales. Ni la sociedad ni las instituciones merecen el chantaje de nadie.
posted by Mandujano at 7:30 p.m.
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