¿Y el Institutode Acceso a la Información Pública?
Isaín Mandujano
Hace ya casi tres meses se promulgó la Ley que Garantiza el Acceso a la Información Pública y la Transparencia ara el Estado de Chiapas. Hace casi dos meses que, a propuesta del gobernador Pablo Salazar, los diputados en el seno del Congreso del Estado nombraron a los consejeros que conforman ahora el organismo garante de este derecho.
Como miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública, se dijo públicamente que fueron nombrados Herman Hoppeinsten Pariente, exmagistrado del Tribunal de Justicia del estado; Gildardo Domínguez Ruiz, exoficial mayor del Tribunal Superior de Justicia; y María Elena Tovar González, exrectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Uniach).
En el segundo artículo transitorio de la Ley señala que “para la integración inicial del Instituto y por única vez, los Consejeros serán elegidos por tres, cuatro y cinco años, respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una adecuada combinación”.
En el comunicado oficial del Congreso del Estado del 1 de noviembre, nunca se explicó quien sería nombrado por tres, cuatro o cinco años; o si estos deberían funcionar de forma colegiada, o quien sería el consejero presidente.
En ese mismo artículo transitorio se señala que “a partir de la toma de posesión, los miembros del Instituto, deberán instrumentar las acciones concernientes para que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como, a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos”.
Hasta ahora no se sabe que hayan realizado, cursos, talleres o una campaña masiva de difusión para dar a conocer a esos sectores sociales la existencia de dicha ley.
Desde que se aprobó la ley se propusieron plazos para ir instrumentando la ley, desde la conformación del Instituto hasta su entrada en vigor en octubre próximo.
Estos plazos quedaron asentados en el artículo tercero de los transitorios:
“Tan pronto como tomen protesta los consejeros del instituto, comenzarán a difundir el conocimiento sobre el derecho de acceso a la información y la acción protección de datos personales, de conformidad con el siguiente calendario:
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2006, los consejeros realizarán labores de capacitación en materia de derecho de acceso a la información pública, a los servidores públicos que integren las unidades de Información Pública de las dependencias y entidades.
Del mismo modo, en el mes de Enero del 2007, brindarán dicha capacitación a los integrantes de los comités de información pública.
En el mes de Febrero de 2007, los consejeros brindarán a los servidores públicos adscritos a las unidades de Información Pública y a los integrantes de los comités de información pública de las dependencias y entidades, la capacitación necesaria en materia de Acceso a la Información Pública, para que lleven a cabo sus funciones conforme a lo dispuesto en las disposiciones, criterios y principios que les dieron origen.
Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2007, se llevará a cabo la instalación de las unidades de Acceso a la Información y de los comités de información, lo cual deberá ser supervisado por los consejeros, quienes vigilarán que queden debidamente consolidados.
Ya pasó noviembre y diciembre del 2006, transcurre enero del 2007 y nada se sabe de que haya o se esté capacitando a los servidores públicos en el uso de esa ley.
El lunes 8 de enero, inició en Tuxtla Gutiérrez el curso de Normatividad Hacendaria para la Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales 2007 auspiciado por el Órgano de Fiscalización Superior (OSF) del Congreso del Estado, esperemos que en el marco de ese evento los consejeros miembros del Instituto hayan aprovechado la oportunidad para exponer ante los alcaldes las disposiciones de la Ley.
Realizando un breve sondeo con personas involucradas en el ámbito de la política partidista y el servicio público, nadie supo decir donde están ubicadas las oficinas de dicho Instituto de Acceso a la Información Pública.
Ese pequeño detalle sin duda, no habla bien de dicho organismo ni de su labor. Por ende, debe haber una mayor actividad entre el sector del servicio público gubernamental como en el sector social para involucrarlos y promover la participación ciudadana.
De por sí no existe en Chiapas una cultura del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si no se pone énfasis en ese rubro, el sólo hecho de que exista la ley no se generará la transparencia y la rendición de cuentas, para llegar a ese estatus es necesario el uso diario de la herramienta jurídica.
Hace ya casi tres meses se promulgó la Ley que Garantiza el Acceso a la Información Pública y la Transparencia ara el Estado de Chiapas. Hace casi dos meses que, a propuesta del gobernador Pablo Salazar, los diputados en el seno del Congreso del Estado nombraron a los consejeros que conforman ahora el organismo garante de este derecho.
Como miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública, se dijo públicamente que fueron nombrados Herman Hoppeinsten Pariente, exmagistrado del Tribunal de Justicia del estado; Gildardo Domínguez Ruiz, exoficial mayor del Tribunal Superior de Justicia; y María Elena Tovar González, exrectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Uniach).
En el segundo artículo transitorio de la Ley señala que “para la integración inicial del Instituto y por única vez, los Consejeros serán elegidos por tres, cuatro y cinco años, respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una adecuada combinación”.
En el comunicado oficial del Congreso del Estado del 1 de noviembre, nunca se explicó quien sería nombrado por tres, cuatro o cinco años; o si estos deberían funcionar de forma colegiada, o quien sería el consejero presidente.
En ese mismo artículo transitorio se señala que “a partir de la toma de posesión, los miembros del Instituto, deberán instrumentar las acciones concernientes para que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como, a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos”.
Hasta ahora no se sabe que hayan realizado, cursos, talleres o una campaña masiva de difusión para dar a conocer a esos sectores sociales la existencia de dicha ley.
Desde que se aprobó la ley se propusieron plazos para ir instrumentando la ley, desde la conformación del Instituto hasta su entrada en vigor en octubre próximo.
Estos plazos quedaron asentados en el artículo tercero de los transitorios:
“Tan pronto como tomen protesta los consejeros del instituto, comenzarán a difundir el conocimiento sobre el derecho de acceso a la información y la acción protección de datos personales, de conformidad con el siguiente calendario:
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2006, los consejeros realizarán labores de capacitación en materia de derecho de acceso a la información pública, a los servidores públicos que integren las unidades de Información Pública de las dependencias y entidades.
Del mismo modo, en el mes de Enero del 2007, brindarán dicha capacitación a los integrantes de los comités de información pública.
En el mes de Febrero de 2007, los consejeros brindarán a los servidores públicos adscritos a las unidades de Información Pública y a los integrantes de los comités de información pública de las dependencias y entidades, la capacitación necesaria en materia de Acceso a la Información Pública, para que lleven a cabo sus funciones conforme a lo dispuesto en las disposiciones, criterios y principios que les dieron origen.
Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2007, se llevará a cabo la instalación de las unidades de Acceso a la Información y de los comités de información, lo cual deberá ser supervisado por los consejeros, quienes vigilarán que queden debidamente consolidados.
Ya pasó noviembre y diciembre del 2006, transcurre enero del 2007 y nada se sabe de que haya o se esté capacitando a los servidores públicos en el uso de esa ley.
El lunes 8 de enero, inició en Tuxtla Gutiérrez el curso de Normatividad Hacendaria para la Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales 2007 auspiciado por el Órgano de Fiscalización Superior (OSF) del Congreso del Estado, esperemos que en el marco de ese evento los consejeros miembros del Instituto hayan aprovechado la oportunidad para exponer ante los alcaldes las disposiciones de la Ley.
Realizando un breve sondeo con personas involucradas en el ámbito de la política partidista y el servicio público, nadie supo decir donde están ubicadas las oficinas de dicho Instituto de Acceso a la Información Pública.
Ese pequeño detalle sin duda, no habla bien de dicho organismo ni de su labor. Por ende, debe haber una mayor actividad entre el sector del servicio público gubernamental como en el sector social para involucrarlos y promover la participación ciudadana.
De por sí no existe en Chiapas una cultura del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si no se pone énfasis en ese rubro, el sólo hecho de que exista la ley no se generará la transparencia y la rendición de cuentas, para llegar a ese estatus es necesario el uso diario de la herramienta jurídica.
Sólo mediante su uso cotidiano y en la medida que se conozca su efectividad en la esfera pública podemos llegar a afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas es un hecho, mientras tanto seguirá siendo solo demagogia.
posted by Mandujano at 4:38 a.m.
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