Hasta nuevo aviso la reforma al código

LEY MORDAZA

Podrían reformas sumarse a los atentados contra las libertades de prensa, de opinión y de expresión. Martín Vargas.

CUARTO PODER

12 DE NOVUIEMBRE DEL 2006

Ana Laura Mondragón CP. A tres años y cinco meses de que entraran en vigor las reformas al Código Penal estatal, que dieran origen a la denominada "Ley Mordaza" y a menos de un mes de la conclusión del gobierno que la impuso, el Congreso del Estado podría abordar la próxima semana nuevas reformar en este ámbito.

Y es que aunque los legisladores no han querido abundar acerca de éstas, miembros de las bancadas del PRD como Ismael Brito Mazariegos y Francisco Gil Salinas, han comentado que se esperaba sesionar de manera extraordinaria antes de la apertura del nuevo periodo a iniciarse este 15 de noviembre, esto debido a la urgencia de dar "luz verde" a cuatro iniciativas pendientes enviadas por el Ejecutivo, entre las cuales -indicaron- se contemplan reformas al Código Penal en materia de la ley conocida como Mordaza.

Sin embargo, debido a la resistencia que mostraron grupos parlamentarios como el PRI, la cuarta sesión extraordinaria para darle paso a nuevas iniciativas pablinas no se pudo realizar, por lo que tendrán que ser aprobadas hasta el nuevo periodo ordinario de sesiones que inicia el miércoles de la semana próxima.

"Esperábamos que se diera un nuevo periodo extraordinario para atender cuatro nuevas iniciativas, pero no se pudo llegar a un consenso con los diferentes grupos parlamentarios, por lo que hasta este 15 de noviembre podrán agotarse, las cuales sabemos tiene que ver con reformas al Código Penal", indicó el legislador por el PRD, Ismael Brito Mazariegos.

Cabe señalar que la Ley Mordaza aprobada el miércoles 26 de mayo del 2004, incrementó las penas y sanciones para delitos de difamación de tres a nueve años de prisión y multas de cien a mil salarios mínimos, lo que violó flagrantemente la Carta Magna, además de atentar contra las libertades de prensa, de opinión y de expresión.

Y es que en México, el Código Federal castiga el delito de difamación con prisión hasta de dos años; en los estados de Guanajuato y Morelos la sanción llega hasta un año de prisión, en Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas sancionan la difamación hasta con dos años, y en Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, México, Michoacán, Nuevo León y Tabasco establecen un límite hasta por tres años.

Los Códigos Penales de Baja California Sur, Puebla y Veracruz disponen límites hasta de cuatro años, en Aguascalientes y Oaxaca hasta de cinco años, Sonora establece un máximo de dos años conmutable por una multa, impidiéndose la posibilidad, como en otros Códigos Penales, que se imponga la sanción de privación de libertad más la multa; en los estados de Jalisco y Guerrero si bien se admite la figura de difamación, existen cláusulas de exclusión implícitas para la actividad periodística.

En Chiapas, el 31 de marzo, el gobierno difundió en el periódico oficial del estado -con fecha 25 de febrero- las reformas y adiciones que penalizan hasta con nueve años de prisión y hasta con mil días de multa a quien, a partir del 26 de mayo difame o calumnie a otra persona.

Por lo que, pese a las innumerables manifestaciones que se han dado respecto a este tema, y a los muchas quejas enviadas a la ONU, podría llevarse a cabo una nueva reforma antes de la salida de Salazar Mendiguchía.