Publicidad gubernamental

Publicidad gubernamental
Premio y castigo para los medios

Los lectores tienen derecho a recibir información veraz, imparcial, objetiva y equilibrada de los medios de comunicación que convergen en su sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando estos medios adquieren ciertos compromisos con determinado grupo de poder sin control democrático alguno?

Isaín Mandujano

Texto publicado en la Revista Mexicana de Comunicación (RMC)

Número 108, Diciembre 2007-Enero 2008

Cuando los medios de comunicación adquieren compromisos políticos o económicos con determinado grupo de poder, indudablemente transmitirán información parcial, tendenciosa, satura de difamaciones y libelos, inadecuada para los ciudadanos, quienes se verán inmersos, no en un escenario informativo, sino en un ambiente de desinformación y mentiras: una falsa realidad construida deliberadamente, una fantasía.

Esa fantasía se vivió con mucho ahínco durante los más de 70 años que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó en México, en los que se dio una perversa relación entre el gobierno y los medios –una relación no erradicada del todo en nuestros tiempos–: la publicidad gubernamental.

Cada año, nuestros diputados federales o locales aprueban al Presidente o al gobernador en turno, recursos destinados a la publicidad y propaganda institucional, a fin de promocionar actos de gobierno y demás programas públicos. Este millonario gasto público es utilizado de forma arbitraria por los funcionarios, ante la ausencia de un marco normativo que lo regule. Es decir: sin mediar regla o procedimiento administrativo alguno, esos servidores públicos que despachan en las oficinas de comunicación social, prensa, difusión, divulgación, relaciones públicas, pueden pagar de forma arbitraria y discrecional los montos acordados en privado con el medio contratado. Se trata de una de las prácticas más comunes que contravienen el buen ejercicio público en tiempos en que se proclama, demagógicamente, la democracia.

Ante estos espacios de corrupción –porque no puede tener otro nombre– es urgente crear mecanismos que regulen la asignación de publicidad gubernamental a los medios de comunicación, pues en el marco de esos intereses creados, los lectores sólo reciben un producto condicionado a esa publicidad gubernamental.

Los gobiernos asignan publicidad como un instrumento de premio o castigo. Chiapas no es la excepción: gobiernos van y gobiernos vienen, y la tónica sigue siendo la misma política discrecional.


Violaciones indirectas

En Chiapas, en el presupuesto de egresos de 2007 que se está ejerciendo, hay cuatro partidas referidas a la inversión en materia de publicidad y propaganda gubernamental. La coordinación general de comunicación y relaciones públicas tiene una partida de cuatro millones 795 mil 409 pesos; la coordinación de comunicación social, de 28 millones 670 mil 266 pesos; la coordinación de comunicación social nacional e Internacional, un millón 936 mil 516 pesos; para la comunicación de prensa de las secretarías, un millón 936 mil 516 pesos. Y eso sin tomar en cuenta los 14 millones 457 mil 37 pesos para la oficina de relaciones públicas.

Salvo lo que ejecuta o ejecutó la oficina de Jaime Culebro Guillén, como titular de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del Estado, nadie sabe a ciencia cierta quién está ejecutando o ejecutó ya las otras partidas, pero para ninguna de ellas existe una regla para su disposición transparente.

En el ámbito internacional, ello no ha pasado inadvertido. Sobre tal discrecionalidad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha puesto énfasis en ello; en el Artículo 13, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que se promulgó en 2001, se establece:

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, [...] con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

Para complementar, en su informe anual de 2003, la Relatoría incluyó un capítulo sobre este punto de la Declaración y concluyó que ante dicha situación tan común en muchos países del hemisferio, y que se refleja en los gobiernos locales, prueban el carácter generalizado de las violaciones indirectas a la libertad de expresión.1

Por ello, la Relatoría ha exhortado y recomendado a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que adopten leyes que impidan las prácticas discriminatorias en la asignación de la publicidad oficial, así como mecanismos para ponerlas en efecto. Y a su vez, éstas deben aterrizar en las entidades federativas o provincias.

Tras conocer un caso donde desde noviembre de 2006, el gobierno de la República de Guyana había retirado totalmente la publicidad oficial a Stabroek News, uno de los diarios de mayor circulación en el país, la Relatoría salió al paso.

El relator especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez, destacó el 25 de julio en un comunicado enviado al gobierno de ese país, que la potestad que tienen los Estados para decidir sobre el otorgamiento de publicidad debe ser ejercida con base en criterios objetivos y transparentes:

Las medidas que privan a un medio de comunicación de recibir publicidad oficial por formular críticas hacia la administración pública, constituyen una restricción indirecta a la libertad de expresión.

Recordó que la publicidad oficial implica una importante fuente de subsistencia para algunos medios de comunicación en la región, y que su utilización en forma arbitraria y discriminatoria puede afectar la libre difusión de información de interés público y el control democrático que una sociedad debidamente informada ejerce sobre la gestión gubernamental.

En el ámbito federal, en marzo de 2002, la entonces diputada tabasqueña Lorena Beaurregard de los Santos presentó ante el seno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental, en materia de prensa, radio y televisión, la cual fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Radio, Televisión y Cinematografía, en donde, como muchas otras propuestas, se congeló y quedó en el olvido.2

En el ámbito federal, los gobiernos locales y sus diputados, no debieran estar atados y esperar que otros avancen en legislar en esa materia. En Chiapas, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, debieran estar a la vanguardia, pero por ahora sus preocupaciones no están enfocadas en poner fin a los viejos espacios de corrupción, sino todo lo contrario: contribuir a que éstos permanezcan.

Quien diga que eso no es un factor primordial para contribuir a que los mejores medios en manos de la sociedad desaparezcan, en México tenemos la prueba más fehaciente: la desaparición por algunos meses de Radio Monitor, de José Gutiérrez Vivó.

Notas

1) “Informe Anual 2003 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo V. Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión, Asignación Discriminatoria de la Publicidad Oficial”, CDIH-OEA.
2) Gaceta Parlamentaria, núm. 963, 19 de marzo de 2002.

Corresponsal de la revista Proceso, en Chiapas.