CON CANDADOS Y LAGUNAS JURÍDICAS, APROBARÁN LEY

SERÁ ESTE MIÉRCOLES 11 DE COTUBRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO

ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 08 de octubre (apro).- Con vacíos, lagunas jurídicas y candados, el próximo miércoles 11 los 40 legisladores chiapanecos tienen previsto aprobar una iniciativa de Ley que Garantiza la Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sin más consulta a la sociedad civil han acordado el gobierno de Pablo Salazar y los diputados locales priístas que en un principio mostraron renuencia a ello.

Miembros de organizaciones no gubernamentales, sociales y políticas, han empezado a cuestionar esta iniciativa propuesta por Salazar para Chiapas al Congreso del Estado, uno de los tres estados que junto a Tabasco e Hidalgo, estaban pendiente por legislar.

La propuesta gubernamental había sido criticado ya por expertos como el jurista de la UNAM, Ernesto Villanueva, presidente de la Libertad de Información-México (LIMAC), quien señaló que esta iniciativa tiene como propósito asegurar el control de Salazar sobre el acceso a la información del gobierno de Chiapas una vez que haya dejado su cargo.

Y es que originalmente, Salazar propuso al Congreso del Estado que el directamente nombraría a los tres consejeros del “Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal” (sic), mismo que será un organismo público descentralizado del administración pública estatal., lo que había sido calificado por el jurista de la UNAM como un organismo sí pero garante de la opacidad para beneficio del gobernador.

Y solo tras algunas presiones de 14 diputados locales que se resistían a aprobársela así, es que el miércoles pasado acordaron que ahora la nueva modalidad será que el gobernador se los propondrá al Congreso del Estado y ellos los ratificarán.

“Nulo avance” dice la activista Elena Kramsky, de la Agrupación Política Nacional Mujeres y Punto cuando en otros estados, estos son propuestos luego de una consulta a la sociedad civil, cámaras, sindicatos, universidades, ong´s de derechos humanos y otros sectores, tienen rango de constitucionalmente autónomos, incluso sus consejeros tienen fuero al igual que un diputado, es decir gozan de mayor autonomía e independencia.

Prevé que en Chiapas esté uno más de los organismos que se dicen autónomos pero que en realidad responden a intereses del gobernador en turno, y en este caso Salazar pretende cubrirse las espaldas dejando a incondicionales en el cargo de consejeros.

La iniciativa de Salazar deja fuera a algunos sujetos obligados a rendir cuentas a la sociedad, como los partidos políticos que reciben recursos públicos, cuando en otros estados como Chihuahua -considerada la mejor ley del país-, estos si están incluidos.

Pero esta iniciativa de Salazar tiene otros vacíos, lagunas jurídicas y candados, tales como el hecho de que para poder pedir una información es necesario presentar identificación oficial y firma o poner la huella digital en la solicitud, cosa que en el marco federal y en otras leyes federales no es necesaria.

Leyes como la de Chihuahua prevén canales de fácil acceso a la información, entre otros, un sistema de solicitudes electrónicas similar al que existe al nivel federal, pero la iniciativa de Chiapas le pasa por alto el tema.

Entre otros vacíos, la iniciativa de Salazar no prevé el recurso de revisión como contempla la Ley Federal o la de Chihuahua, para que el ciudadano pueda quejarse al Instituto ante una negativa de alguna oficina que esté obligada a dar información pública, sino un “recurso de reconsideración”, misma que no tiene el peso jurídico.

La Iniciativa de Salazar no contempla las sanciones para el servidor público que incumpla la Ley, sino que remite a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Chiapas para determinar la sanción.

El Instituto de Chihuahua, por Ley se dio a la tarea de trabajar para sistematizar sus archivos de tal forma que cualquier documento este listo para ser entregado, la iniciativa de Chiapas ignora la necesidad organizar sus archivos.

Dice además Villanueva, que la iniciativa de Salazar no cuenta con lo que se ha denominado la “prueba de daño”; es decir, con un requisito que demuestre que la información clasificada como tal efectivamente comporta tal carácter y no se trata de información que deba saber la sociedad.

En estas condiciones, explica el presidente de LIMAC, el Congreso del Estado debería hacer una revisión minuciosa para que la tendencia del país no se fracture si la iniciativa de Pablo Salazar se convierte en ley para mal de los chiapanecos y de los mexicanos todos.

Según un estudio de LIMAC, en el ranking de las mejores leyes del país, lidera la de Chihuahua y Campeche como un modelo a seguir por los estados donde tienen malas leyes como Tlaxcala, Aguascalientes, Puebla, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca que apenas legisló el mes pasado.

Los diputados que por más de un mes se rehusaron a aprobar la iniciativa de Salazar el miércoles pasado, acordaron algunas modificación que a decir de Kramsky son una mera simulación para finalmente aprobar la iniciativa de Salazar.

En los medios impresos publicados el jueves, se dijo que luego de diversos cabildeos entre los grupos parlamentarios que integran el Congreso del Estado, la tarde del miércoles 4, por unanimidad los diputados manifestaron su acuerdo para la realización del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, a efectuarse el próximo 11 de octubre a las 12:00 horas en el Palacio Legislativo.

Se señala que los presidentes de los Grupos Parlamentarios del PRI, Roberto Ortiz Gutiérrez; PRD, Rafael Guillén Domínguez; PAN, Carlos Raymundo Toledo; y PT, Arturo Velasco Martínez, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los acuerdos alcanzados para que se puedan analizar y votar los dictámenes elaborados por las comisiones legislativas, respecto a seis iniciativas.

En ella se destacó la incorporación de las seis modificaciones propuestas por su grupo a la iniciativa de Ley de Transparencia, mencionando la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo.

“Ortiz Gutiérrez dijo que con las modificaciones propuestas, el Instituto encargado de la Transparencia y Acceso a la Información será un organismo público descentralizado; que el Congreso nombrará a los integrantes del Instituto de Transparencia a propuesta del Ejecutivo; se incorporarán sanciones de acuerdo a lo que establece la Ley de Servidores Públicos; que el informe del Instituto se presentará anualmente ante los tres poderes del estado; y que se reducirá a seis años la cuestión de la información restringida”.

El problema no es que logren acuerdos dice Kramsky, sino que estos acuerdos fueron a nivel cupular y en ningún momento se consultó a la sociedad para saber que tipo de ley necesita.

Eso es traicionar a los intereses de la sociedad, pues los negociadores, gobierno y diputados lograron acuerdos según sus intereses políticos del momento, pero ellos son efímero, tres o seis años y se van, mientras nos dejan cargando con malas leyes, concluye.
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