MEDIOS PÚBLICOS: DEL GOBIERNO AL ESTADO

La democratización de los medios públicos, llámese también medios en poder del gobierno, gubernamentales u oficiales, es otra agenda pendiente en materia de medios sociedad y gobierno en los estados de México.

Y contrario a otros asuntos pendientes por legislar, este es una agenda impuesta desde abajo, es decir no existen lineamientos internacionales claros y precisos que hayan dictado organismo alguno para su funcionamiento, ni jurisprudencia en la materia, es mas bien una fuerza de la sociedad civil que cada vez más se impone desde la raíz.

Les llamaremos en este apartado medios públicos a aquellas permisionadas por el Estado mexicano a favor de entidades públicas o bien a gobiernos locales, valga esta aclaración para diferenciarlos de los medios privados, aquellos que son concesionados a particulares.

En cada entidad federativa de México, es común la existencia de una vasta red de radiodifusoras y televisoras, en poder de los gobiernos locales. Son medios de comunicación, que se sostienen con recursos del erario. Es decir, cada año existe una partida del presupuesto público para su funcionamiento.

El más mínimo monitoreo al azar, en un día cualquiera, en cualquier estado del país que cuenten con estos tipos de medios públicos, basta para saber que estos son instrumentos de propaganda política, para la promoción y difusión de la obra pública y de la imagen de gobernador en turno.

No son pues, medios al servicio de la sociedad sino al servicio del gobierno.

En ellos es difícil y casi imposible ver que se refleje la pluralidad política y social de una entidad. Las voces divergentes con el gobierno en turno, del partido político que éste sea, jamás tendrá cabida en ese medio de comunicación. Incluso estos mismos medios son manipulados como instrumentos de linchamiento político y mediático contra actores y sectores que intentan disentir de las políticas públicas.

Estos medios por lo general son creados mediante decreto del gobierno del estado. Su estructura orgánica, jurídica, técnica y administrativa, excluye la participación ciudadana y a la sociedad civil en general. En esos sistemas locales de radio y televisión pública prevalece la unirrepresentación del Ejecutivo Estatal.

Tal como operan, es un atentado flagrante por parte del gobernante a la libertad de expresión, de información y de opinión de los gobernados. Ese estatus vigente en cada entidad federativa debería ser preocupante, pues es una violación cotidiana a la más importante de las garantías individuales.

Tras el triunfo de un partido político distinto al PRI, en julio del 2000, no más de una decena de organismos no gubernamentales vieron “la posibilidad de un cambio con el nacimiento de un régimen nuevo”, por lo que hicieron pública y le entregaron al equipo del entonces candidato electo Vicente Fox, una “Propuesta ciudadana por un cambio en pro de los medios públicos”.[i]

Según expusieron, en ella le proponen once puntos a tomar en cuenta, para contribuir vitalmente al cambio democrático en la legislación de los medios y en la construcción de Medios Públicos al servicio de la sociedad

“Reformar la naturaleza jurídica de los decretos y normas de creación de los medios financiados con recursos federales, de tal suerte que se termine con la unirepresentación del Poder Ejecutivo Federal en todos los procesos de toma de decisiones”, fue el primero de todos.

En Chiapas la propuesta no vino de la sociedad civil. No como candidato electo, sino como candidato en campaña Pablo Salazar hizo una referencia al respecto y propuso:[ii]

- Convertir a las estaciones de radio y televisión estatales en verdaderos difusores culturales para evitar que continúen como híbridos de medios comerciales en lo económico y oficialistas en lo político;
- Impulsar la creación de una Comisión Estatal de Comunicación y Cultura para la observancia de las políticas estatales de comunicación;
- Presentar cada año de manera pormenorizada el gasto público en medios de comunicación;
- Crear un Consejo Plural de Comunicación Social, con estatuto de organismo público, personalidad jurídica, independiente y consultivo, integrado con representantes de organismos públicos sociales, privados, culturales, profesionales y de la sociedad civil, con atribuciones para evaluar y opinar respeto de los contenidos de los medios de comunicación, para garantizar la libertad de expresión y el cumplimiento del derecho a la información.

Estas propuestas sin duda iban hacia esa tendencia democrática, pero lamentablemente cuando estamos ya en el umbral del final de su sexenio esas son fueron un catálogo buenas intenciones.

Es menester que los medios públicos en poder del gobierno pasen pues a ser medios públicos del Estado –entendido este concepto como gobierno, territorio y población-.

En 1993, la UNESCO se pronunció sobre el tema para definir el papel de los medios públicos, ponderando la importancia de éstos en la educación, la ciencia y la cultura y pugnó por "apoyar y promover acciones comprensivas enfocadas al rol y a las funciones de los medios públicos, y al hacerlo, tomar en cuenta a las organizaciones profesionales nacionales e internacionales dedicadas al tema y a las comisiones nacionales de la propia UNESCO".[iii]

Es bajo el auspicio principal de la UNESCO y de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, como se ha debatido el papel de estos medios de comunicación. Se dio en el marco del Primer Congreso Internacional de Democracia y Medios Públicos celebrado del 21 al 23 de septiembre del 2004 la Ciudad de México. Y después, en el Segundo Congreso Internacional. Los Medios Públicos de Cara a la Democracia durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2005.

[i] En la Revista Mexicana de la Comunicación Número 65, de Septiembre-Octubre del 2000. Paginas 34 y 35.
[ii] “Gobernar es informar”, documento presentado en el marco del III Congreso de Comunicación Educativa, celebrado en la Universidad Autónoma de Chiapas, el 14 de abril del 2000.
[iii] Resolución Adoptada en la vigésima octava reunión plenaria de la conferencia General el 13 de noviembre de 1993.