DELITOS DE PRENSA
DELITOS DE PRENSA
Con justificado beneplácito ha sido promulgado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el decreto que derogó del Código Penal Federal varios artículos que hacían de las injurias, la difamación y la calumnia, delitos de opinión con sanción de cárcel. Más aún, la introducción de nuevas figuras dentro del daño moral, y la precisión que exceptúa de responsabilidad a quienes reproducen fielmente una información - “aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, siempre y cuando se cite la fuente”-, nos debe congratular. Son pasos a los que no debemos regatear mérito, y ponderar en justa dimensión.
En la penalización de los delitos de opinión, y en la laxitud civil del daño moral, se anidaban rémoras del subdesarrollo legislativo que en materia de libertades de expresión e información mantuvieron por décadas nuestras leyes, aún y cuando nuestro país hubiera suscrito tratados internacionales que desde los años sesenta, orientaban lo que hoy es una tendencia internacional: salvaguardar el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión y proteger el honor y la vida privada de las personas.
Se trata del equilibrio y la armonía de garantías individuales que desde el primer dato del constitucionalismo mexicano, “el decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, quedó registrado en 1814.
No debe ser la cárcel, sino la acción civil, con la que el Estado intervenga cuando se abuse de la libertad, en tratándose de la opinión, la manifestación de las ideas, porque pertenecen dentro del alma espiritual de la persona al preciado atributo de la conciencia.
Derogar esos delitos del Código Penal es un acierto, que debemos a una cadena de legisladores que en diversas épocas del Congreso de la Unión insistieron en ello en la última década, y a cuyo más exitoso y eficaz esfuerzo concurrieron los diputados de la LIX legislatura, quienes aprobaron esas reformas el 18 de abril del año pasado, por unanimidad de 361 presentes, y fueron avalados por la Cámara revisora el pasado 6 de marzo, pues en el Senado obtuvieron 102 votos, y una sola abstención.
Es cierto que esperaban turno otras iniciativas sobre el mismo tema, pero es de reconocer que quienes se pusieron a la cabeza de ese empeño, fueron los diputados que integraron el grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, al visualizar que los escollos para el trabajo de los informadores comenzaba por la legislación misma. Ese grupo, animado por Beatriz Mójica Morga, del PRD, Ruth Trinidad Hernández Martínez, del PAN, Jesús González Schmal, de Convergencia, y Luis Antonio González Roldán, del PVEM, presentó una propuesta integral y se dedicó a promover el proyecto.
Ahora serán solamente los jueces en materia civil quienes conozcan y resuelvan sobre si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones, eliminando la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros.
La reforma contiene nuevas hipótesis en materia de daño moral, e introduce como novedad legislativa para el orden jurídico mexicano y sobre todo la para la interpretación de los juzgadores “el derecho a la propia imagen”, aunque sin abundar en la exposición de motivos o las consideraciones de los dos dictámenes de ambas cámaras sobre esta concepción particularísima del derecho al honor y reputación.
En protección de la tarea informativa, se adiciona un párrafo al artículo 1916 bis, que señala que “En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo”.
Estas disposiciones significan pasos importantes, hacia un camino que es mucho más largo y arduo de lo que supone el discurso que certifica la despenalización. Reconociendo el acierto, hay que advertir sin embargo para la prosecución de ello, que esta despenalización es parcial, y si no se toman medidas rápidas en la garantía de algunos de los derechos que los periodistas han reinvindicado en el mundo democrático, la insuficiencia la puede volver regresiva.
Es parcial, porque la Ley de Imprenta de 1917 sigue vigente y no mereció ninguna reforma o ajuste. Esa legislación además de vetusta es una norma también de carácter penal, pues entre sus sanciones impone cárcel y multa, está regida bajo una óptica moral de principios del siglo pasado, y aun cuando varios tratadistas han señalado su carácter preconstitucional a la del 17, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha confirmado mediante varias resoluciones en todo su vigor.
Es insuficiente porque no se acompaña del reconocimiento de algunos derechos profesionales que la actividad comunicacional de los periodistas ha logrado en otras normas, no sólo frente al Estado, sino frente a la propia empresa periodística. Casos excepcionales hemos visto de encarcelamientos de reporteros o conductores por esa labor, pero sin esas normas complementarias, no serán tan infrecuentes los empobrecidos, casi siempre los trabajadores y no los propietarios. Siempre la cuerda se rompe por lo más delgado.
Que el beneplácito continúe, y con más y mejores hechos, se convierta en auténtica Fiesta de la Libertad de Expresión.
posted by Mandujano at 12:47 p.m.
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