Calderón: saluda con sombrero ajeno

EL SOMBRERO AJENO
POR MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
REFORMA, 16 DE ABRIL DEL 2007

Un movimiento que viene de lejos, surgido en el ámbito interamericano y condensado en México por "Reforma", y las iniciativas de diputados de varios partidos hicieron que se despenalizara la difamación, que no surgió de la voluntad del Presidente como éste sugirió al promulgar con bombo y platillo una medida del Congreso


Promulgar y ordenar la publicación de una ley es acto que por su propia naturaleza realiza el Ejecutivo en la soledad de su despacho. Legislación reciente y de relevancia como la que da acceso a las mujeres a una vida sin violencia, o la reforma que agrava y precisa sanciones contra la explotación sexual infantil aparecieron en el Diario Oficial tras una discreta operación de esa índole y en ese escenario. El propio jueves 12 el presidente Felipe Calderón ejerció esa facultad, que es de su resorte, respecto de la ley para la reforma del Estado en la misma circunstancia, sin ruido. En cambio, organizó una aparatosa ceremonia para firmar el decreto que dispone la publicación de reformas practicadas por el Congreso a los códigos federales penal y civil, y se las arregló para aparecer como el autor de la despenalización de la difamación y la calumnia.

Obviamente no es así. Ni siquiera se aproximó al tema cuando era diputado federal, no obstante que el Grupo Reforma trajo ese tema a la escena pública al comienzo de 2003, cuando Calderón ocupaba todavía una curul. Ese consorcio de medios alentó primero el conocimiento sobre el tema preparando un dossier bajo el título El periodismo no es un crimen, con seis documentos (legislación internacional y reflexiones doctrinales) reunidos por el abogado Eugenio Herrera, que giran en torno de un pensamiento esencial: "la amenaza de sanción de cárcel es incompatible con la libertad de expresión".

En esa perspectiva, junto con la Relatoría Especial de la OEA sobre libertad de expresión y la Universidad Nacional, Reforma organizó el 28 y 29 de enero de aquel año un foro en que se preguntaba si la responsabilidad de la prensa debía ser penal y civil y concluyó proponiendo la supresión de los delitos de difamación y calumnia (no el de injurias, puesto que los artículos respectivos, que también formaban parte del capítulo de "delitos contra el honor" habían sido derogados el 23 de diciembre de 1985).

La semilla sembrada entonces comenzó a fructificar tres años después, cuando se multiplicaron iniciativas presentadas por diputados proponiendo tal despenalización: lo hicieron el priista Heliodoro Díaz Escárraga el 23 de febrero de 2006; el 7 de marzo, los integrantes del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación: Beatriz Mojica, del PRD, Ruth Trinidad Hernández Martínez, del PAN, Jesús González Schmall, de Convergencia, y Luis Antonio González Roldán, del Verde; y, por separado, el panista José Antonio Cabello Gil.

Las comisiones de la Cámara de Diputados estudiaron esos proyectos y el 28 de marzo produjeron un dictamen que por casi unanimidad fue aprobado el 27 de abril siguiente, y remitido para lo mismo al Senado. El 28 de ese mes "se atoró" y ya no dio tiempo de que en sus últimas horas de vida activa se ocupara de la minuta la LIX Legislatura de esa Cámara. En la LX los senadores panistas mostraron una renuencia que impidió abordar el tema en el primer periodo de sesiones ordinarias y que sólo fue depuesta a fines de febrero, por lo que el texto fue aprobado el 6 de marzo. A diferencia de su celeridad para publicar la ley del ISSSTE (promulgada sin el bombo de la que ahora nos ocupa), pues el Senado la aprobó el jueves 29 de marzo y apareció en una insólita edición extraordinaria del Diario Oficial el sábado siguiente, apenas 24 horas después de su recibo oficial, para promulgar la reforma penal sobre delitos de comunicación Calderón se tomó más de un mes. Pero compensó la dilación con estruendo publicitario, del estilo de aquellas pompas priistas que culminaban con la exclamación: ¡gracias, señor Presidente!

En el ámbito capitalino, por su parte el diputado Carlos Reyes Gámiz anunció en septiembre de 2005 la presentación de una iniciativa sobre la materia, que efectivamente cursó en enero siguiente. Se trataba, por un lado, de la derogación de los delitos de difamación y calumnia en el Código Penal y, por otra parte, de una nueva ley denominada "de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, honor y la propia imagen en el Distrito Federal". El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de abril (en sintonía con la reforma federal) y la nueva ley fue publicada el 19 de mayo siguiente. La legislación aprobada derogó en sus transitorios los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil local y los artículos 214, 215, 216, 217, 218 y 219 del Código Penal capitalino, que integraban el título denominado "Delitos contra el honor". Igual nombre tenía la regulación respectiva en el Código Penal federal, del que fueron derogados los artículos del 350 al 363.

En el justificado y plausible ánimo de preservar la capacidad de las personas de defender su reputación, los legisladores federales en vez de suprimir los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil federal, de suyo complicados, y reemplazarlos por nuevas normas, conservaron su vigencia y los enmendaron y adicionaron de forma tal que resultó un mazacote. En vigor a partir de anteayer sábado (pues fue publicada el viernes), la reforma en materia de difamación y calumnia pondrá a prueba a los jueces federales. Los del fuero común en materia civil que hasta ahora han lidiado con los artículos 1916 y 1916 bis, fueron poco duchos en su interpretación, misma que se complicará en las nuevas condiciones vigentes sólo en la Federación.

Ése es el sombrero ajeno con que en Los Pinos se hizo caravana el jueves pasado.



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