Villanueva, frenar rurmores

Ernesto Villanueva pone los puntos sobre las íes

Frenar rumores

Omar Raúl Martínez

Director de la Revista Mexicana de Comunicación

Sin duda es un autor prolífico: ha publicado 20 libros sobre derecho de la información, coautor de otros nueve, coordinador de 13 obras colectivas, ensayista frecuente en revistas académicas y proyectos de investigación, y articulista de la revista Proceso, El Universal y de diversos periódicos en el país. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y promotor incansable del derecho de acceso a la información en México, Ernesto Villanueva, sin embargo, en los últimos tres años por lo menos no ha estado exento de críticas y severos señalamientos. Hoy, rumbo al octavo Congreso Nacional de Derecho de la Información del que es impulsor, decide hacer frente a los rumores que han pretendido desacreditar su nombre.

—¿Cómo incursionas en el desarrollo del derecho de acceso a la información en nuestro país?

—El derecho de acceso a la información pudo convertirse en ley desde el año 2000 en México. Entonces trabajamos desde la academia e hicimos una tarea de acompañamiento con medios de comunicación, sociedad civil y distintos sectores. La transparencia se había convertido en una vertiente significativa de la agenda publica en aquel momento porque no había mayores precedentes.

—También de manera paralela se fue impulsando el tema en los estados…

—Había gran interés por impulsar una ley federal en la materia. Como presidente electo, Vicente Fox ratificó ese compromiso. A partir de un seminario convocado por la Ibero y la Fundación Konrad Adenauer que yo organicé, fue creado el Grupo Oaxaca que planteó una serie de lineamientos para tener una ley de acceso a la información. Una primera redacción la hicimos Salvador Nava y yo en el año 2001. Ese fue el punto de partida que posteriormente se enriqueció con las propuestas de todos los integrantes. Más tarde se puso a discusión en el Congreso una versión que fue modificándose con otra del gobierno federal elaborada por Sergio López Ayllón.

En Sinaloa, el gobernador Juan S. Millán retomó la propuesta del Grupo Oaxaca, le hizo algunos retoques mínimos y la convirtió en una norma jurídica que pasó a constituirse en el primer referente sólido a nivel de los estados. Ciertamente había una ley anterior aprobada en el 2001, en Jalisco, que reprodujo la primera propuesta de la entonces SECODAM. El temor de algunos era que esa ley de Jalisco se reprodujera en otros estados. Por ello teníamos que subir el nivel de protección del derecho a saber. Con la ley de Sinaloa se tuvo un efecto importante al generar una nueva ruta con un mayor umbral.

—¿Con qué propósito creas primero FIDAC y luego LIMAC?

—La Fundación Información y Democracia (FIDAC) buscaba pugnar por la democratización de la vida publica hasta antes de ser aprobada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el 30 de abril de 2002. FIDAC siguió su propio rumbo con el doctor Juan Francisco Escobedo como responsable. Con un grupo de compañeros creamos en 2002 Libertad de Información México (LIMAC) con la idea de darle seguimiento –desde la sociedad civil con herramientas académicas– a los temas de acceso a la información publica y libertad de expresión.

—¿Cómo ha participado LIMAC en el diseño de las leyes estatales?

—La asistencia técnico jurídica ha implicado propuestas para enriquecer contenidos. Como es un asunto político lo que se ha hecho es incorporar la mayor cantidad de nuestros ideales que la circunstancia ha permitido. Así hemos podido participar en el diseño de 12 leyes estatales: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Yucatán, Distrito Federal, San Luis Potosí, Guanajuato y Durango.

—¿Cómo valoras el hecho de que algunos críticos te lancen dardos para desacreditarte? Por ejemplo, en Sinaloa algunos periodistas te cuestionan por “relaciones turbias”. ¿A qué atribuyes eso y qué es lo que realmente hay detrás?

—En Sinaloa hubo un gobernador que tuvo la sensibilidad política y la voluntad para hacer realidad aquella ley. No hay nada que ocultar: no hubo nada turbio. Todo lo hemos hecho en el marco de la ley. No ha habido ninguna conducta de la cual yo pudiera arrepentirme o que fuera no sólo ajena al marco jurídico sino incluso que pudiera faltar a la ética. Cuando en algún momento reporteros en Sinaloa solicitaron mediante la ley cuáles habían sido mis ingresos, el gobierno respondió y lo publicó quien así lo quiso.

—¿Qué responderías a tus detractores que dicen que hiciste una ley a modo para pavimentarle las aspiraciones presidenciales al entonces gobernador Millán?

—Son especulaciones. Es evidente que en política un gobernante siempre debe advertir incentivos que tengan rentabilidad política para impulsar un proyecto. Siempre hemos buscado que se involucre no sólo el Congreso del estado, sino el gobernador para que el proyecto llegue a buen puerto. Como actor político involuntariamente me vi involucrado en una situación de juegos de poder que beneficia a uno y perjudica en esa lógica política a otro.

—Se dice que la ley de Sinaloa sólo cubre las espaldas del exgobernador y se cuestiona el actuar poco transparente de su comisión estatal…

—Cuando se diseña una propuesta legislativa se hace un trabajo abstracto. A partir de allí inicia el reto de que la ley se cumpla. Y se cumple en dos sentidos: en la medida que el gobierno hace transparente su información y respeta los cometidos de la ley, y cuando los ciudadanos solicitan y reciben información.

Por supuesto, toda norma es insuficiente y no es una obra perfecta. El propio Congreso de Sinaloa puede reformar aquello que considere pertinente o que no es lo más avanzado en una sociedad democrática. Esto es parte de la propia evolución del tema. Lo que se hizo tuvo el mérito de generar referentes para otras leyes. En la aplicación concreta de la ley sinaloense, la propia autoridad reguladora y el gobierno son los que deben explicar por qué actúan en un sentido o en otro, de suerte que sus resoluciones tengan un asidero social.

—Hace poco más de dos años en un encuentro internacional que realizó el IFAI, se difundió un documento donde te acusaban de vender leyes. Más tarde te criticaron por tener ciertos sesgos políticos. ¿Qué hay al respecto? Porque finalmente fueron versiones nunca aclaradas ni respondidas por ti.

—A veces la prudencia puede ser calificada como “el que calla otorga”. Pero es importante que el vacío informativo se llene con información correcta porque de no hacerlo efectivamente el rumor florece. Hay varios puntos qué aclarar.

Uno: LIMAC no tiene impedido legalmente vender sus servicios. Los donantes la apoyan para que cumpla su propósito. No obstante, LIMAC desde un principio asumió como política interna no hacer consultorías pagadas. Por tanto no hay una constancia que acredite tal acusación y se queda sólo en el nivel de rumor. El rumor siempre tiene un propósito negativo de paralizar, desprestigiar, aislar, excluir. En tal contexto, uno de los mejores caminos para impugnarte en donde se requiere autoridad moral es señalar que no eres transparente, y presionarte con mayores niveles de exigencia.

Dos: respecto del sesgo político quizás te refieres al caso de la Ciudad de México y Andrés Manuel López Obrador. Fue algo que discutimos internamente en LIMAC y las preguntas eran: ¿Por ser López Obrador jefe de gobierno de la Ciudad de México, era per se un hombre corrupto? ¿No es posible genéticamente que él pueda estar a favor de la transparencia? Ante esas preguntas encontramos la posibilidad de incidir en una reforma sustantiva. Con la intervención de LIMAC hubo un cambio legislativo medular. Todo eso generó una polarización porque estábamos en un ambiente preelectoral. LIMAC tenía un consejo consultivo que, como su nombre lo indica, era de consulta; no se trataba de un consejo directivo, máximo órgano en una asociación civil. Era una cuestión potestativa hacer o no las consultas. Evidentemente LIMAC sólo apoyó sus decisiones en el consejo directivo. En sus estatutos se establece que es una organización apartidista cuya tarea es impulsar normas jurídicas compatibles con los estándares internacionales independientemente del sello político e ideológico. Dábamos por sentado que quienes participaban en el consejo consultivo estaban de acuerdo con los estatutos y tomamos la decisión de diseñar una Ley para el DF. Así, se actuó en consecuencia y eso generó que una parte del consejo consultivo decidiera salirse.

—Pero se salió porque no fue consultado ni informado…

—Salió porque no fue consultado, efectivamente. Ese fue el argumento: no fue consultado porque la propia normatividad interna no establecía esa obligación. Aquí habría que precisar: algunos renunciaron porque no fueron consultados y porque señalaron que estábamos legitimando a un gobierno de izquierda. De cualquier manera, debo decir que acepto mi responsabilidad de no procesar adecuadamente esa comunicación con todos los que sí nos apoyaron y a quienes ofrezco disculpas públicas.

—También se ha sugerido que si bien LIMAC no cobra, se pasa la factura a través de una consultoría. ¿Qué dices a ese respecto?

—No he estado involucrado en ningún conflicto de interés, y menos en una triangulación a través de LIMAC. Eso es parte de rumores que crecen y se anidan con el ánimo de desprestigiar ante la ausencia de una respuesta puntual. ¿Por qué se dan esos rumores? Porque LIMAC participa en diagnósticos, evaluaciones y evidentemente eso afecta intereses. Lo vuelvo a repetir: una de las formas de desacreditar a quien se dedica a esta materia es cuestionándolo con supuestos señalamientos “turbios” pero de los que no existe evidencia alguna.

—¿LIMAC nunca ha cobrado?

—No ha cobrado un quinto por hacer leyes, lo cual no significa que opere con recursos de la nada, sino que tiene fondos otorgados por distintas fundaciones internacionales.

—¿No hay otros vínculos que sí quieran pasar el cheque aduciendo que fue un trabajo externo?

—No, por supuesto que no. La prueba son las constancias de gratuidad de servicios que nos extienden los gobiernos y los congresos de los estados. Si hubiere una factura y al mismo tiempo una constancia de gratuidad de servicios incurrirían en una responsabilidad legal. Esto es la certeza de probidad de que el LIMAC hace su trabajo de cara a la sociedad, con la frente en alto y sin ningún problema. En mi caso personal, por supuesto que cobro mis servicios profesionales, entre ellos mis artículos que publico en distintos medios, conferencias, entre otras actividades en el marco de la ley ¿Hay alguien que pueda advertir algún delito o falta por cobrar su trabajo? ¡Faltaba más! Es un derecho que tenemos todos. Yo por supuesto, reivindico mi derecho a poder ganarme la vida de la mejor manera posible. No busco la santidad y confieso que nada de lo humano me es ajeno.

Por otro lado, LIMAC ha buscado predicar con el ejemplo: si nos dedicamos a las acciones de transparencia, necesariamente debemos ser transparentes al máximo. Hemos sido cuidadosos en dos ámbitos: la transparencia y el manejo pulcro de los recursos. Tan es así, que cada año se auditan de manera externa las cuentas y los manejos. Este gesto es finalmente un capital moral que nos permite salir adelante.

—En los últimos meses se ha hecho pública una grave diferencia entre LIMAC y el IFAI. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cuál es la postura de LIMAC?

—Nosotros hemos mantenido una relación de respeto y cordialidad. No hemos participado en ningún convenio, trabajo o colaboración que pudiera generar algún conflicto. La independencia económica permite independencia política. Desde hace tres años, el área jurídica de LIMAC hizo algunos estudios inéditos en el país sobre calidad jurídica de las resoluciones del IFAI. Con ello se ha permitido saber si sus decisiones se ajustan a la Constitución y las leyes desde la perspectiva de forma y fondo. Ahora, con la llegada de Alonso Lujambio al Instituto se puede acreditar una tendencia a la opacidad. Se incrementa el número de confirmaciones de inexistencia de información y la orden de entregar información parcial o versiones públicas. Con ello se reduce el universo de la información disponible. Ante eso, la respuesta de Lujambio ha sido de ataque personal, como resultado de hacer públicos esos resultados donde no se combate la metodología sino a la persona.

—Algunas personas dicen que en tus artículos periodísticos sólo respaldas las leyes que LIMAC ha desarrollado. ¿No hay un conflicto de interés? ¿Qué respondes a eso?

—Mis artículos básicamente están movidos por el interés público. Éste lo defino como aquellos datos y hechos que permiten al ciudadano conocer o ejercer derechos y cumplir obligaciones. De esa suerte, lo que escribo no es sólo sobre leyes sino sobre los temas relacionados con las distintas vertientes del derecho a la información. En algunos casos hay coincidencia entre proyectos que he realizado y lo que he escrito porque existen razones de interés público. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal en la que yo intervine de manera definitoria y que tiene un innegable interés público. Con esta ley, el Distrito Federal es el único en el hemisferio que ha seguido las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

—¿Qué sigue?

—Lo que sigue es hacer frente a las cosas. La persona que no hace nada nunca se equivoca. Y todos tenemos derecho a equivocarnos. Sin embargo, los rumores suponen la existencia de personas que los generan y los transmiten para desacreditarnos con el ánimo de servir a intereses ajenos a la transparencia.

—¿Te sientes agraviado?

—Por supuesto. Creo que la prudencia me obligó a guardar silencio. Y ahí me equivoqué. No dimensioné que los silencios y los vacíos son el caldo de cultivo del rumor. El rumor sólo se combate con información y con aquellas herramientas que te da el amplísimo mundo del derecho. Siempre he cuestionado la penalización de los delitos de prensa y el uso del Código Civil para monetarizar el honor. Pero una vez aprobada la ley en el DF que permite reivindicar el derecho al honor, la vida privada y la propia imagen, por supuesto que actuaré en consecuencia.

—¿Podrías citar algunos nombres de personas o de medios que quisieron desacreditarte o agraviarte?

—La característica del rumor es el anonimato y la transmisión de verdades con mentiras. Mezclar una verdad con una mentira arroja un mínimo de verosimilitud que permea acompañado de una respuesta silenciosa. El ser objeto de rumores me representó, primero, un acto de sorpresa, de reflexión profunda sobre qué hacer y cómo responder. Quien propaga un rumor suele ser una persona que buscar dañar sin dar la cara, lo cual supone una actitud turbia, no ética y que está anclada a una opacidad conductual. Si hubiera una denuncia clara y firme, la presentarían ante la autoridad correspondiente para que ella decida. Pero como no la hay, no actúan conforme a la ley. Este tipo de personajes se mueven en la oscuridad, y tienen poca estatura moral y gran capacidad para fijarse en la conducta ajena con un ánimo de causar daño, pero sin el valor civil para imputar acusaciones ante la autoridad competente. No quepa la menor duda de que daré una respuesta puntual jurídica cuando se nos intente desacreditar. Ésas al final de cuentas son las lecciones que he aprendido y eso también es positivo. Creo que uno siempre tiene que ir hacia delante, tratando de hacer aportes de fondo.

El anterior artículo debe citarse de la siguiente forma:

Martínez, Omar Raúl, "Frenar rumores", en
Revista Mexicana de Comunicación, Num. 107, octubre / noviembre, 2007,

LAS REFORMAS EN CHIAPAS

LAS REFORMAS EN CHIAPAS
MEDIOS Y PERIODISTAS

Isaín Mandujano

Texto originalmente escrito para la revista Código Sur que dirige Sergio Melgar Recinos, www.codigosur.com.mx

Las reformas recientes en materia de libertad de prensa, libertad de expresión y de información en Chiapas, sin duda sientan un precedente en nuestra entidad, pues algunos temas legislados ni siquiera se han debatido en otros estados del país, como la cuestión de la cláusula de conciencia.

Sin embargo, tener las mejores leyes no se traducen en un mejor escenario que provoque una real libertad de prensa, de información y de expresión en Chiapas, pues si bien por un lado se promueven “buenas leyes” por otro lado vemos como se incrementa el acoso, la censura y la autocensura en Chiapas.

Los casos más recientes son el de Francisco Andrade Madrigal y de Arcadio Acevedo Martínez, quienes denunciaron actos de censura y represión por acciones orquestadas desde el aparato gubernamental.

Pero volvamos al tema de esta entrega: las diversas reformas en alusión a algunas demandas que han profesado periodistas chiapanecos. El pasado 28 de agosto, los legisladores del Congreso del Estado aprobaron un paquete de reformas que les envió el titular del Poder Ejecutivo, Juan Sabines Guerrero.

Era de esperarse el decreto por el que se derogaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas para proceder a la despenalización de la difamación y calumnia, ante una ley represiva que nos había heredado el gobernador Pablo Salazar. Con esto, Sabines da un paso completo, pues su propuesta de diciembre pasado era una mera faramalla para acallar voces que reclamábamos la despenalización total y no solo la exclusión del delito para periodistas.

Se aprobó una iniciativa de decreto que reformó diversas disposiciones del Código Civil del Estado, en materia de daño moral. En este apartado es preocupante que no se busquen otras alternativas para la reparación del daño moral que la económica, pues puede darse un arreglo armonioso entre las partes en conflicto, como el derecho a réplica o bien otras formas que no precisamente contemplen el pago de una cuota financiera fijada.

El nuevo Artículo 1892 Cuáter del Código Civil del Estado, deja margen a la discrecionalidad en la imposición de sanciones económicas al señalar: “El monto de la indemnización por daño moral lo determinará el Juez, tomando en cuenta la afectación producida, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso”.

¿Con qué tabla matemática puede medir un juez el agravio para fijar el monto?

Ese 28 de agosto, se aprobó también el decreto por el que se adicionaron el artículo 195 BIS, al Código de Procedimientos Penales para el Estado libre y soberano de Chiapas; asimismo se adicionan las fracciones X, XI al párrafo primero, se reforma el párrafo segundo y se adiciona el párrafo cuarto, todos del artículo 422, del Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de secreto profesional.

Chiapas no fue el primero en legislar, antes lo hicieron en Morelos, incluso allá se le dio rango Constitucional, en agosto del 2003. A nivel federal se hizo el año pasado, pocas semanas después en el DF se legisló de una forma mas detallada y específica.

En once articulados en el DF se creó la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal, sin duda restringe el concepto solo a los periodistas, cuando hay otros actores a los que también debe protegerse con ese derecho y en Chiapas se incluyó como era la propuesta original de la CNDH.

Pero hay un acto incluido que podría hacer un poco de ruido si no se tiene sumo cuidado, el del servidor público: “Los Servidores Públicos o cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión del Estado o de los Municipios, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar reserva o secreto sobre los asuntos que tengan bajo su responsabilidad, con motivo de su actividad pública”, dice en apartado la propuesta sabinista.

Tras la aprobación también del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, pues sinceramente me he detenido poco en revisarla, pero esperemos que sea mejor que la que nos heredó Pablo Salazar con su mal reglamento que intentó imponer el gobernador Sabines.

Según informes de un funcionario del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, ésta nueva ley que entrará en vigor el 1 de enero del 2008, recogió el espíritu de las reformas al artículo 6º. de la Constitución General de la República.

La que si sorprendió al autor de este artículo es la Ley de Derechos para el Ejercicio del periodismo. En esta ley los diputados cometieron el error de volver a legislar nuevamente sobre el secreto profesional, quiero creer que fue un error legislar dos veces sobre el mismo asunto. O quizás el equivocado sea yo y literalmente quisieron amarar de mejor forma, lo que se reformó en el Código Penal. Medio correlacionaron ambas reformas en el artículo 23 de esta ley.

Sin duda es nuevo el tema de la cláusula de conciencia. Sin afán de ofender a mis colegas, es un asunto que muchos desconocen todavía y no saben como apelar a ese precepto ahora legalizado.
Colegas como Arcadio Acevedo, que denunció presiones para cambiar la línea informativa en su columna, podrían apelar a ese recurso jurídico y el juez determinar quien tiene la razón, sin embargo esa reforma es poco clara.

Al igual se pretendió legislar sobre “el libre y preferente acceso a las fuentes informáticas” y “los derechos de autor y de firmas”, y digo se pretendió porque se quiso abarcar mucho y finalmente, como dice la frase trillada, “se apretó poco”.

El primer derecho legislado en esa ley pretenden reforzarlo con la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la información Pública para el Estado de Chiapas.

El artículo 13 es de risa, da un derecho y a la vez lo restringe: “El periodista tendrá acceso a todos los actos de interés público que se desarrollen en el seno de organismos públicos estatales o a los de carácter público estatal, que se desarrollen por personas físicas o morales privadas, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE ÉSTAS”.

El 15 refiere, “Se facilitará el acceso a los periodistas y colaboradores periodísticos debidamente acreditados a todos los edificios e instalaciones públicas, salvo que por cuestiones de horario o seguridad, la autoridad competente determine lo contrario. No podrá impedirse la toma de imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga por razones de seguridad, defensa del Estado o conservación y preservación de aquellos que constituyan patrimonio histórico estatal”.

Sin embargo, en la realidad muchos quedamos excluidos de ese derecho. Más de un colega me confirmará que en los hechos esto no se cumple, solo quedan en palabras.

Quisiera desmenuzar todas las leyes en cada uno de sus articulados en este documento, pero falta de mayor espacio solo me quedan algunas preguntas en el aire.

¿Cuándo se consultó a los medios y periodistas para elaborar esas iniciativas y reformas? ¿Acaso no tenemos derechos los periodistas a conocer antes de ser aprobadas el contenido de tales iniciativas y reformas? ¿Alguien más las ha leído ya y hecho un análisis pormenorizado?¿Una vez más los periodistas fuimos víctimas del albazo y legislaron a espaldas de los supuestos beneficiados por tales leyes y nadie dijo algo al respecto? Son realmente buenas leyes o son meros actos populistas para congraciarse con la prensa en Chiapas.
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